La orden de detención tiene por objeto la celebración de la audiencia de formalización, indicándose la posibilidad de que se apersone voluntariamente ante el Tribunal de Garantía de Copiapó o ante el más cercano a su domicilio, lo que no ha ocurrido, informó el recurrido.

La sustitución de la multa por la prestación de servicios en beneficios de la comunidad es inejecutable por su cuantía. La cantidad de horas que debía prestar (un poco más de 15 años) es superior a la pena corporal impuesta en la sentencia.

La decisión adoptada por el tribunal se ajustó al mérito de los antecedentes que tuvo a la vista, se encuentra suficientemente justificada y, además, estuvo acompañada de los apercibimientos pertinentes para asegurar la entrega de los antecedentes a la defensa.

La segunda autorización emanada del Juzgado de Garantía resulta desproporcionada, por lo que deben propender a la devolución de las especies incautadas en el menor tiempo posible, atendida la afectación que para los amparados causa la retención de sus objetos de trabajo, refiere el voto en contra.

No resultaba aplicable a su respecto el artículo 223 bis del Código de Procedimiento Civil, y aun así fue llamado por teléfono, sin que la sala tuviera obligación alguna de hacerlo, aduciendo que no pensó que se agregaría la causa para el jueves de semana santa, en que el día siguiente era feriado, porque estimó que se conocería el día sábado, encontrándose en la fila del banco, informó la Corte de Punta Arenas.

Si bien ha sido privado de su libertad en virtud de una medida dictada conforme a derecho, en los hechos, debe soportar tal régimen cautelar en condiciones diferentes (inferiores y deficientes) a aquella que le corresponde conforme al ordenamiento jurídico vigente.

Existe vulneración de las normas internacionales sobre derecho humanitario, en particular la Convención de Belén do Pará, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los programas de reinserción social ejecutados por Gendarmería se encuentran reglados en cuanto a su oportunidad y funcionamiento.

Si bien ha sido privado de su libertad en virtud de una medida dictada conforme a derecho, en los hechos, debe soportar tal régimen cautelar en condiciones diferentes (inferiores y deficientes) a aquella que le corresponde conforme al ordenamiento jurídico vigente.

La determinación de autorizar o no a un procesado para ausentarse del territorio nacional corresponde únicamente al juez que conozca o haya conocido de la causa, quien tiene la facultad privativa de verificar si concurren o no las exigencias previstas para su procedencia, previa evaluación de los antecedentes que se ponen a su disposición